La Cooperativa Sancor anunció el cierre de su fábrica de quesos blandos situada en la localidad santafesina de San Guillermo, y responsabilizó de la situación a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), a la que acusó de estar “paralizando la actividad productiva y comercial” desde hace 40 días.

Mediante un comunicado difundido este martes, Sancor denunció que el gremio utiliza como “excusa” la “regularización de cuestiones salariales” para llevar a cabo sus acciones, pero que en realidad las motiva “la no concreción del proyecto del Fideicomiso de Administración que el gremio impulsaba de la mano de empresarios, que no tenía ni la capacidad económica, ni de gestión”.

“De manera sistemática, durante todo el proceso de aprobación del Fideicomiso, el sindicato ejerció presión desmedida sobre Sancor, para forzar decisiones y acciones”, añade el texto.

Desde Sancor indicaron que entre 2021 y este año el gremio “realizó medidas de fuerza bajo la excusa salarial para avanzar sobre las legítimas decisiones de los cooperativistas”.

Por su parte, Atilra emitió un comunicado en el que denunció que Sancor está “cerca de la quiebra” debido a que “la deuda con los acreedores llega a 379.400.000 dólares”, y sostuvo que “la culpa ha sido de la administración, no de los trabajadores como quieren hacer creer”.

“Sin respuesta para dar a sus acreedores, y con el Consejo de Administración fracturado, los directivos de Sancor preparan su retirada con variado fuego cruzado entre sus integrantes, donde se achacan errores de conducción y responsabilidades no asumidas”, indica el texto.

El gremio advirtió que “los trabajadores avanzan con el armado de las denuncias penales por evasión fiscal y las demandas laborales por deudas reconocidas por las propias autoridades de Sancor ante el Ministerio de Trabajo de la Nación”.

Para Atilra, “las cifras adeudadas por Sancor son realmente escalofriantes”, entre las que enumera deudas financieras por 168.700.000 dólares, deudas impositivas por 139.100.000 dólares, deudas provenientes del trabajo por 50.100.000 dólares (incluye salarios, aguinaldos, retiros voluntarios y deuda con Atilra, entre otros), deudas comerciales por 21.500.000 dólares y la “deuda previsional por evasión fiscal: sujeto a investigación”.

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