El reclamo de los productores ganaderos de la provincia por el costo de las guías ganaderas vuelve a la agenda política. Es que la contribución que se realiza a los municipios es por un servicio que ya no se presta.
El pago de la tasa se institucionalizó a partir del servicio que prestaban las municipalidades para el control de existencias ganaderas, bajo el amparo de la ley de marcas y señales, vigente desde 1973.
Luego, cuando el Servicios Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) centralizó toda la información referida a las existencias ganaderas, la función de los municipios quedó sin efecto. No obstante, se siguió manteniendo el pago de la tasa como autorización para el traslado de hacienda.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, y con la puesta en marcha del sistema de autogestión del documento único de tránsito (DUT), se unificaron el certificado sanitario del Senasa con el control de marcas. A pesar de ello, los productores ganaderos tuvieron que seguir transfiriendo el valor de los servicios al Senasa y también a los municipios mediante transferencia electrónica.
Ahora, con el impacto de los impuestos bajo la lupa, las entidades rurales de la provincia volvieron a instalar el tema de la contribución ganadera a los municipios, cuyos valores en la provincia tienen una alta disparidad: entre $ 400 a $ 2.000 por animal.
El Ejecutivo provincial, consciente del problema, busca una solución a través de la Mesa Provincia-municipios, donde participan autoridades provinciales y de las 427 intendencias y comunas de la provincia.
En principio, la decisión política sería que desde 2026 el derecho de oficina que aún perciben los municipios por las guías ganaderas, no se cobren más.
