El sector tambero argentino atraviesa un escenario complejo marcado por una elevada presión impositiva y una rentabilidad cada vez más ajustada. Así lo advirtió Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) a partir de un trabajo elaborado por Meprolsafe y Carsfe, que expone con datos concretos la carga tributaria que enfrentan los productores.
En primer lugar, el informe detalla que el sector tambero debe afrontar al menos 37 impuestos anuales entre tributos nacionales, provinciales y municipales. Esta situación genera una pérdida de renta significativa y limita las posibilidades de inversión formal y sostenida.
Según las entidades, a enero de 2026 la actividad muestra una realidad mixta. Por un lado, se registra un crecimiento productivo sostenido, impulsado por mejoras en eficiencia, tecnología aplicada y condiciones climáticas favorables. Sin embargo, al mismo tiempo, los costos continúan presionando los márgenes y ponen en riesgo la sustentabilidad económica.
Además, con una inflación en descenso, los impuestos ganan mayor peso relativo dentro de la estructura de costos. Esto incrementa la preocupación por la rentabilidad futura, pese al aumento de la producción y al acceso a financiamiento específico.
Informalidad y costos fiscales en el centro del debate
Por otro lado, Meprolsafe y Carsfe detectaron en sus relevamientos una informalidad superior al 40 % en ventas, compras y empleo. También se identificó la presencia de productos fraudulentos en el mercado, una situación que las entidades vinculan directamente con la elevada presión fiscal.
Desde Carsfe señalaron que un empresario tambero debe enfrentar un esquema tributario excesivo. Aunque aclararon que la presión impositiva no justifica prácticas ilegales, advirtieron que el sistema actual favorece distorsiones y desalienta la formalidad.
En este contexto, la carga impositiva total puede representar hasta el 42 % de las ventas de una empresa tambera. Dentro de los impuestos nacionales se destacan Ganancias, con alícuotas de hasta el 35 %, y el IVA, cuya tasa general es del 21 %. Las entidades reclamaron una reducción del IVA para fomentar el consumo de lácteos.
Asimismo, cuestionaron el impacto del impuesto al cheque, los tributos a los combustibles y los impuestos internos sobre tecnología. Según plantearon, estos gravámenes encarecen la producción y frenan la incorporación de innovación.
En el plano provincial, Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos y el Inmobiliario Rural aparecen como los de mayor impacto. A nivel municipal, las tasas son señaladas por su escasa contraprestación en servicios.
Finalmente, Meprolsafe y Carsfe coincidieron en que el sector tambero necesita una reforma tributaria profunda para sostener su dinamismo productivo. De cara a 2026, remarcaron la urgencia de aliviar la presión fiscal, mejorar la competitividad y asegurar condiciones que eviten el cierre de tambos.
