El Ministerio de Economía, conforme a la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en los departamentos cordobeses afectados por la sequía, en el marco de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias.
La medida se publicó en Boletín Oficial a través de la Resolució N° 600/2023. La medida estableció el período desde el 1º de marzo de 2023 y hasta el 31 de agosto de 2023, a las explotaciones agrícolas, forestales y frutihortícolas afectadas por sequía en los Departamentos Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Ischilín, Totoral, Río Primero, Colón, Punilla, San Alberto, Pocho, Santa María, Río Segundo, San Justo, Tercero Arriba, General San Martín, Juárez Celman, Río Cuarto, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Unión y Marcos Juárez.
En tanto que la medida fue dispuesta desde el 1º de marzo de 2023 y hasta el 29 de febrero de 2024, para las explotaciones ganaderas afectadas por la misma situación de déficit hídrico en los Departamentos Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Ischilín, Totoral, Río Primero, Colón, Punilla, San Alberto, Pocho, Santa María, Río Segundo, San Justo, Tercero Arriba, General San Martín, Juárez Celman, Río Cuarto, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Unión y Marcos Juárez.
Mediante otra resolución se dispuso una medida similar para gran parte de la provincia de Neuquén.
Los productores y las productoras afectados/as deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo.
A su vez, el Gobierno Provincial remitirá a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores y las productoras afectados/as, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.
De acuerdo a la mencionada ley, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la AFIP, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, serán las encargadas de arbitrar los medios necesarios para que los productores y las productoras agropecuarios/as comprendidos/as en las respectivas resoluciones accedan a los beneficios previstos.
