El jabalí se convirtió en una de las mayores amenazas para la producción agropecuaria argentina y su expansión parece no tener freno.
La falta de una estrategia federal de manejo, sumada a la ausencia de una cadena formal para su aprovechamiento, favorece el crecimiento de una especie invasora que ya provoca pérdidas estimadas en 1.600 millones de dólares al año.
Introducido en la Argentina a principios del siglo XX para la caza deportiva, el jabalí europeo encontró condiciones ideales para multiplicarse. Sin depredadores naturales, ocupó gran parte del territorio nacional y hoy figura entre las quince especies invasoras más dañinas del planeta.
Francisco Pescio, docente de Producciones Animales Alternativas de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), advirtió que los daños ya no se limitan al sector agropecuario. También representan un riesgo para la salud animal y humana.
Los ejemplares adultos pueden superar los 200 kilos y suelen desplazarse en grandes manadas. Además de destruir alambrados, aguadas e instalaciones rurales, arrasan cultivos y generan importantes pérdidas económicas para los productores.
En varias provincias ya fue declarado plaga. En Buenos Aires, por ejemplo, se autorizó la denominada caza plaguicida como una herramienta para reducir sus poblaciones.
Los ataques también alcanzan a las personas. Pescio recordó que el año pasado un jabalí provocó la muerte de un puestero en Mendoza. En las últimas semanas, además, se registraron ejemplares en la zona de Ingeniero Maschwitz, lo que encendió la preocupación en el periurbano bonaerense.
Controlar el problema requiere coordinación
Otro aspecto preocupante es el sanitario. El jabalí puede transmitir enfermedades como triquinosis, hepatitis y peste porcina a los cerdos domésticos. Esto incrementa el riesgo para los establecimientos porcinos, especialmente los pequeños y medianos, y también representa un peligro para las personas.
Pescio alertó que gran parte de la carne que hoy se comercializa proviene de la faena clandestina. En esas condiciones no existen controles veterinarios ni análisis que permitan detectar enfermedades como la triquinosis.
Según el especialista, la solución pasa por desarrollar una cadena formal de producción. Para ello considera indispensable habilitar frigoríficos que permitan realizar la faena bajo controles sanitarios y garantizar la cadena de frío.
El docente explicó que el último establecimiento de estas características dejó de funcionar en 2019. Sin esa infraestructura, desaparecen los incentivos económicos para los cazadores habilitados y el control de la especie pierde eficacia.
Sin embargo, existen experiencias exitosas. Una de ellas se desarrolló en el Parque Nacional El Palmar, en Entre Ríos. Allí, la invasión amenazaba la regeneración natural de las palmeras que caracterizan al área protegida.
Las autoridades implementaron un programa junto con cazadores locales, organismos sanitarios y vecinos. Se otorgaron permisos de caza controlada, cada animal fue sometido a controles sanitarios y la carne se distribuyó entre los cazadores y comedores comunitarios. Para Pescio, ese caso demuestra que es posible reducir las poblaciones cuando existe coordinación entre los distintos actores.
El problema, sin embargo, supera los límites provinciales. Las manadas cruzan de una jurisdicción a otra y vuelven a ocupar zonas donde el control es menor. Por esa razón, sostiene que resulta imprescindible avanzar hacia un plan nacional de manejo.
El especialista también remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo científico de las universidades nacionales, el INTA, el CONICET y otros organismos técnicos para aportar información que permita diseñar políticas públicas eficaces.
Mientras esa coordinación no exista, el panorama seguirá siendo preocupante. Para Pescio, la tendencia actual conduce a un crecimiento explosivo del jabalí, con consecuencias cada vez más graves para la producción, el ambiente y la salud pública.
Fuente: https://sobrelatierra.agro.uba.ar/
