La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria elevará al Poder Ejecutivo la propuesta para declarar zona de Desastre, a las superficies afectadas por los incendios ocurridos en las últimas semanas, en distintas regiones del centro, norte y oeste de la provincia.
Como se trata lamentablemente de un fenómeno que puede seguir en curso por la temporada que se atraviesa, se tendrán en cuenta los mecanismos legales y administrativos para la ampliación y determinación de nuevas zonas en caso de resultar afectadas.
Luego de una intensa tarea de relevamiento que incluyó informes elaborados por las agencias zonales de la cartera productiva con área de influencia en las zonas afectadas, datos aportados por técnicos de otras dependencias del ministerio, por Bomberos, imágenes satelitales con un alto grado de definición y documentos aportados por entidades vinculadas a la producción, el órgano elaboró el acta de propuesta para la firma del gobernador.
A los productores que se encuentren dentro de las zonas consideradas a tal fin y que en su Declaración Jurada detallen afectación, se les extenderá como es habitual la constancia de daños.
El principal alcance del Desastre Agropecuario es la exención en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural. Una vez que desde Córdoba se presente en la cartera agropecuaria nacional la documentación, se homologará a ese nivel el estado de Desastre.
El periodo de vigencia para esta Emergencia Agropecuaria comprende desde el 1° de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022, para los productores que se dedican a la ganadería, agricultura, forestales, frutihortícolas y apícolas. Para los productores agropecuarios que no entren en estado de desastre, se les extenderá por la vía correspondiente el certificado de daños para presentar ante quien corresponda.
Con la elevación de la propuesta, queda como paso final la firma por parte del Ejecutivo y la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para su implementación.
En este organismo que coordina la Secretaría de Agricultura, participan otras dependencias como la cartera de Coordinación, la Secretaría de Ambiente, el Banco de Córdoba, Finanzas, la Bolsa de Cereales, legisladores provinciales, el INTA, el Senasa y entes estatales y privados. Su objetivo, en función de los reportes de daños que recepta, es elevar al Ejecutivo la propuesta de declaración.
