SanCor atraviesa su momento más crítico luego de que la Justicia decretara su quiebra, en un fallo que marca el final de una etapa para una de las cooperativas más emblemáticas del país.
La decisión se produce tras años de dificultades financieras y una deuda que supera los 120 millones de dólares, junto con ocho meses de salarios impagos.
La resolución fue tomada por la Justicia de Santa Fe, luego de que la empresa no lograra sostener su plan de pagos en el marco del concurso preventivo iniciado en febrero de 2025. La propia firma solicitó la quiebra al no poder revertir su situación económica.
El fallo estuvo a cargo del juez Marcelo Gelcich, del Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela. En su dictamen, consideró que la compañía no presenta viabilidad económica en el mediano plazo y que el estado de insolvencia no puede revertirse.
Impacto productivo y continuidad transitoria
La decisión judicial contempla una continuidad limitada de las operaciones. Aquellas plantas que aún mantienen actividad o contratos vigentes seguirán funcionando de manera temporal. El objetivo es evitar una interrupción abrupta en la cadena de valor.
Sin embargo, esta continuidad será transitoria. Una vez que se concrete la venta de los activos, las actividades podrían cesar, salvo que los nuevos compradores decidan sostenerlas.
En cuanto a los trabajadores, los salarios generados desde ahora serán considerados gastos del proceso concursal. Esto les otorga prioridad de cobro según lo establece la legislación vigente.
El impacto de la quiebra de SanCor excede a la empresa. La medida golpea a distintas economías regionales vinculadas a la producción lechera. En provincias como Córdoba, la cooperativa tuvo un rol clave en la articulación del sector.
En los últimos años, muchos productores habían comenzado a migrar hacia otras industrias lácteas. La falta de previsibilidad aceleró esa salida. Ahora, el escenario se vuelve más complejo con la pérdida de empleo y la incertidumbre en toda la cadena.
