El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) presentó el Plan Federal Agroindustrial con 40 propuestas para contribuir al desarrollo de la economía nacional.

«Es el fruto de un año de trabajo entre todas las entidades que forman el Consejo y representan a las cadenas de valor agroindustriales de todo el país. También se realizaron consultas con otras entidades y referentes para buscar integrar sus visiones”, señaló José Martins, coordinador General del CAA.

“Cada estudio, cada proyecto de ley, cada investigación que generamos desde el CAA tiene como objetivo colaborar con el desarrollo de las economías agroindustriales, forestales, pesqueras y de la bioenergía. Como representante de 61 entidades, hemos identificado las necesidades y oportunidades concretas de cada producción y lo que podríamos aportarle a la Argentina. Con el Plan Federal Agroindustrial 2023/2033 buscamos exponer todo eso: nuestras necesidades y nuestro potencial, nuestro diagnóstico y nuestras propuestas”, sostuvo José Martins.

Por su parte, el coordinador Técnico del CAA, Gustavo Idígoras, indicó que “la Argentina, en los últimos 20 años ha perdido participación en el mercado internacional; se produjo una concentración de las exportaciones y de los destinos; y se observa un bajo valor agregado en lo exportado. Desde el sector agroindustrial estamos listos para revertir esta situación, y promover un avance sostenible en la industrialización de granos, bioenergías, economías regionales, forestal y pesca”. Agregó que “esta tremenda crisis climática de la sequía podría haberse mitigado si la Argentina tuviese una política agroindustrial moderna y previsible, con herramientas agiles como una ley de riesgo agropecuario y cambio climático que propone el CAA”.

Los pilares del Plan Federal Agroindustrial 2023/2033

El presidente de CONINAGRO, Elbio Laucirica, presentó el Pilar de Desarrollo Productivo y remarcó la necesidad de medidas de incentivo de inversiones; la necesidad de una ley de riesgo agropecuario y cambio climático; la implementación de un régimen de incentivos para la adopción de buenas prácticas agropecuarias y de servicios ecosistémicos; garantizar el acceso de insumos nacionales e importados sin restricciones y la unificación de los estándares sanitarios a nivel nacional.

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